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Los recortes esconden un desmantelamiento del Estado del Bienestar en beneficio de los ricos bajo la excusa del déficit cero.

Con la premisa del pago de la deuda nacional y el déficit cero en el horizonte, las instituciones españolas (y europeas) se han abonado a la austeridad desde que el FMI indicó que era la moda de la temporada económica imperante. De esta manera se aparcó el Estado del Bienestar en el país, al menos hasta el final de la crisis. Porque según el Gobierno nacional no se puede pagar la sanidad para todo el mundo (y menos para los inmigrantes sin papeles), ni una educación pública (aunque sí a los profesores de religión, colectivo que se estaba viendo tristemente venido a menos), ni muchas otras prestaciones sociales.

Sin embargo, bajo la bandera de la austeridad parece esconderse algo más que la intención de capear el temporal y recuperar el potencial económico del que disfrutaba España en mejores tiempos. Este proceso de adelgazamiento de la estructura de asistencia social y de la cobertura de los servicios básicos asegurados por los derechos fundamentales de la Constitución Española (como son sanidad y educación) resulta demasiado coincidente con las perspectivas económicas liberales (que precisamente defienden los gobernantes actuales) para pensar que todo es coyuntural.

La privatización de la sanidad y el empobrecimiento de la educación son una prueba del desmantelamiento de este sistema que buscan hacer los sectores neoliberales de España (y Europa) para acabar con el “molesto” Estado del Bienestar. Los grandes empresarios quieren un sistema con la ley de la oferta y la demanda como única legislación, y en los últimos años están dando pasos agigantados, para mermar el poder del ente público y dejar toda la capacidad de acción a los particulares (que al fin y al cabo, están a su merced, dado que ellos son los reyes de la economía mundial globalizada), además de disminuir los derechos laborales de sus trabajadores, que al fin y al cabo suponen una abominación para quienes consideran que todo debe ser regulado por la sabia economía.

Este desmantelamiento del Estado del Bienestar permitiría asentar múltiples negocios en el país como la sanidad y la educación privadas, además de aumentar los beneficios de las empresas gracias al descenso en los sueldos de los trabajadores (al estilo del siglo XIX, trabajando 16 horas para dar de comer a la familia). Un paraíso para una exitosa minoría española.

Pero no tanto para la mayoría que necesita de estos derechos para tener una vida digna. Es por ello que este negocio disfrazado de necesaria austeridad es tan peligroso. Porque juega con las vidas de millones de personas que caen cada día en la pobreza. Una cantidad tristemente creciente de individuos, que quedarán al margen del sistema con toda seguridad si quedan a merced de las grandes fortunas. Porque esas fortunas solo entienden de números, no de personas, y por tanto carecen de la humanidad y de la comprensión para entender el daño que hace su libre economía de mercado y su explotación de los trabajadores y de la nación que les rodea.

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